El pasado 9 de octubre se publicó en la Plataforma de Contratación del Estado de España el anuncio del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) sobre la adjudicación del «Servicio para contratar la gestión de nuevos contenidos y la actualización de los ya existentes en el portal www.geoinstitutos.org del CNIG».
Según se explica en su página Web, Geooinstitutos.org «es una plataforma que reúne a todos los Institutos Geográficos y Cartográficos de América Latina, España y Portugal, cuyo objetivo principal es propiciar el intercambio de información profesional, técnica y científica entre los países», y está patrocinado por el Instituto Geográfico Nacional de España (IGN) - Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).
El expediente, firmado por el presidente del CNIG Amador Elena Córdoba, con número 2013/010013000091, se ha llevado a cabo por el procedimiento negociado sin publicidad, lo que permite no informar del inicio de la licitación, aunque la ley sí obliga a publicar el resultado final, resultando adjudicataria La Web On line Planeamiento Territorial SL por un importe de 49.800 euros.
El proceso de contratación (que anunciamos en Nosolosig en su momento) no dejaría de ser uno más de los tantos que se convocan cada año desde la administración pública, si no fuera por la escasa relación de las empresas a las que se ha invitado a participar con el objeto del contrato.
La ley establece (Artículo 178 1 del TRLCSP) que para asegurar la concurrencia, en un procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al menos a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato.
Aunque no se han publicado los pliegos, donde se establecen las condiciones económico-administrativas y técnicas que han de regir el contrato, en España deben de existir cientos de empresas capaces de realizar la gestión de nuevos contenidos y la actualización de los ya existentes en un portal como Geoinstitutos.org.
Una elección así siempre es difícil, debido a la cantidad de empresas cualificadas para sacar adelante el trabajo; quizá por eso desde el CNIG, un organismo nacional, se haya decidido reducir el número de candidatos, invitando solo a empresas con sede social en Madrid y así facilitar el proceso. Luego todavía hay quien se pregunta para qué sirven las autonomías. Las tres empresas invitadas fueron:
- La Web On line Planeamiento Territorial SL. (adjudicataria)
- Eacorp SL. (eliminada por no subsanar la información presentada)
- Orsenor SL. (eliminada por no subsanar la información presentada)
El acta de adjudicación no informa sobre el NIF de las empresas invitadas, pero de las tres empresas solo una, Orsenor, tiene página Web, y entre sus actividades no hay nada que la relacione con la creación de contenidos, más allá de ser una empresa dedicada a la venta, alquiler y reparación de material topográfico.
No ha sido posible conseguir mucha información sobre Eacorp SL. Una empresa con este nombre ha asistido a varias conferencias Esri España y parece que a la Agencia Tributaria le cuesta ponerse en contacto con ella. Según las páginas Web de información sobre empresas, que alimentan sus bases de datos con el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) y similares, su objeto social es el «asesoramiento inmobiliario, jurídico, fiscal, laboral y financiero. Gestión y mediación en todo tipo de transacciones inmobiliarias, préstamos hipotecarios y personales, etc.». Su director general, Juan Manuel Correro Ruiz, la define en Linkedin como una consultoría estratégica, incluyendo plan de negocios y desarrollo de estrategias de venta.
La Web On line Planeamiento Territorial SL, la adjudicataria del expediente, es la única que por la experiencia de sus cargos directivos tiene una relación evidente con el objeto del contrato. Tiene como administrador único a José Luis López Muñoz de Baena y como apoderado a José Ignacio Nadal Cabrero. Este último ha sido, hasta diciembre de 2012, director de la Revista Mapping (y su versión Web mapppinginteractivo), curiosamente la única Web comercial con publicidad del IGN, y aunque actualmente no forma parte del Consejo de Redacción de la revista, debido al nuevo enfoque que esta ha adoptado en el último año, sí ostenta el cargo de apoderado en la empresa Revista Mapping SL, editora del magazine. José Luis López Muñoz de Baena figura como administrador único en esta última empresa.
Llama la atención que de tres empresas elegidas para la negociación del contrato, dos de ellas no se molesten en subsanar la documentación presentada, lo que da a entender que tienen demasiado interés en ser adjudicatarias. Al no corregir la documentación presentada, sus propuestas no se valoran y no entran en la puntuación o baremo que realiza la mesa de contratación para elegir la mejor oferta.
Desde Nosolosig hemos intentado obtener más información del expediente de contratación, como los pliegos o NIF de las empresas, pero la contestación ha sido que en «relación con la petición, se va a solicitar informe a la Abogacía del Estado sobre la procedencia de la misma».
Solo la mera sospecha de que una institución con la trayectoria del IGN-CNIG se vea envuelta en una posible adjudicación directa encubierta debería hacer pensar sobre las procesos de licitación que se están llevando a cabo en la institución y sobre la información que se facilita a la ciudadanía.
Ejemplos existen en instituciones parecidas. En el Institut Cartogràfic Valencià, contrataciones de menor cuantía, como la del «Servicio de trabajos asociados a cartografiar, escala 1/5.000, de un mínimo de 150.000 hectáreas de Castellon», con un presupuesto de licitación de 37.190,00 euros, se realizan por procedimiento abierto y la información puesta a disposición de los ciudadanos no admite comparación (https://www.contratacion.gva.es/WebContrataP/filtro.jsp?MODO=P, es necesario registro previo): apertura de sobre administrativo, apertura de sobre técnico, expediente de adjudicación, etc.
Incluso países como Colombia, a los que desde Europa se suele acusar de irregularidades en sus contrataciones, publican una completa documentación sobre todo el proceso de contratación en sus adjudicaciones, en un ejercicio de transparencia que debería ser más imitado en nuestro país. Basta con ver este ejemplo de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Colombia) para la contratación del Desarrollo de un Sistema de Información Geográfica Corporativo en Web.
