Las autoridades costarricenses anunciaron el martes un proyecto que introducirá nuevas herramientas tecnológicas que buscarán una reducción en los índices de la tala ilegal en el país.

"Aunque hemos reducido el impacto de la tala de un 35% en el 2003 a un 15% el año pasado --la cifra más baja en Centroamérica--, siempre es un número alto y por eso incrementaremos los esfuerzos para bajarlo aún más con el uso de la tecnología satelital", dijo en rueda de prensa el ministro de Ambiente Roberto Dobles.

La cobertura boscosa en Costa Rica mantiene un ritmo de recuperación desde 1997 cuando fue del 42%. Diez años antes era de apenas un 21% pero ya en el 2005 la estimación fue de 51%.

El proyecto contó con la cooperación financiera y técnica de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y hasta el momento ha consumido una inversión de medio millón de dólares, destacó por su parte el representante de la entidad, Octavio Ramírez.

"Con este plan Costa Rica se pone a la vanguardia en la protección de sus recursos naturales, demostrando que el problema de la tala puede combatirse", manifestó.

La modernización del control se realizará con la utilización por parte de guardaparques y funcionarios del ministerio de Ambiente, entre otros, de navegadores GPS y de agendas personales que permitirán ubicar de forma exacta el terreno para el que se solicitan permisos de corta de árboles. Luego se podrá comparar el dato con planos de un catastro forestal basado en un mapa de cobertura boscosa del 2000.

Unos 160 funcionarios fueron capacitados para esa labor.

El coordinador de la estrategia, Juan José Jiménez, dijo que se busca evitar sobre todo, el cambio en el uso de la tierra, que se da al momento que un propietario solicita permiso para cortar en potrero pero que, con ayuda del GPS, se podría definir que en el 2000 la zona en cuestión estaba poblada de bosque.

"Eso daría al funcionario el margen de acción para rechazar la solicitud y daría al bosque tiempo para su recuperación", destacó.

El ministro afirmó que también se realizarán reformas legales que permitan "que las penas sean más fuertes y más estrictas" y que permitan, por ejemplo, encontrar formas de que la madera incautada pueda ser aprovechada de inmediato, y no cuatro años después cuando se termina el proceso judicial pero con la madera ya inutilizable.

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