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La Generalitat Valenciana busca la utilidad al SIG citrícola tras gastarse 9 millones de euros |
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Escrito por Sergio Carbó
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lunes, 14 de agosto de 2006 |
El Sistema de Información Geográfica (SIG) Citrícola, una iniciativa de la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana (España) presentada en mayo de 2001 poco menos que como la panacea que estaba llamada a resolver los males del sector naranjero valenciano parece haberse convertido ahora antes en un problema que en una solución.
Una patata caliente, en suma, a la que los responsables del departamento agrario de la Generalitat están buscando una salida lo más digna posible. La elaboración del SIG, más conocido popularmente como censo o inventario citrícola, ya está concluida tras cinco años de ingentes trabajos de campo a cargo de la empresa Tragsatec y después de una sustanciosa inversión de fondos públicos por valor de 9 millones de euros sin que nadie, ni en la conselleria ni en el propio sector, sepa con demasiada claridad qué hacer ahora con esa descomunal base de datos que es el SIG. En este sentido, no deja de resultar enormemente significativo que el censo, terminado desde hace ya unos meses, no haya sido presentado en sociedad por parte de un Gobierno tan proclive a dar la máxima publicidad a todos sus proyectos.
Información exhaustiva
Fue la consellera Maria Àngels Ramón-Llin quien en 2001 plasmó la idea de elaborar el inventario citrícola, una iniciativa planteada desde diversos ámbitos del colectivo naranjero después de una campaña especialmente complicada. Apostar por una iniciativa como el censo, de gran envergadura sobre el papel, era una de las posibles opciones para apaciguar el descontento general. El SIG es un sistema basada en una sucesión de fotografías aéreas e inspecciones directas sobre el terreno que ofrece con suma precisión una exhaustiva radiografía del territorio citrícola valenciano, de tal manera que permite conocer con todo lujo de detalles la distribución varietal o el número de parcelas existente. Toda esa información, al menos en los términos teóricos que se emplearon cuando se presentó el proyecto, tendría que servir para ordenar posteriormente el negocio citrícola, para organizar las variedades y para combatir el problema de la pinyolà.
El SIG se terminó el pasado mes de enero, pero una cosa es disponer de una información concreta sobre el sector y otra muy distinta que la Conselleria de Agricultura tenga previsto, en el contexto de una economía de libre mercado, adoptar medidas intervencionistas, como decirle a cada propietario qué es lo que debe plantar a partir de ahora y planificar, en definitiva desde el ámbito público un negocio privado. Buena prueba del escaso eco que está teniendo el SIG y de las dudas que plantea su alcance y eficacia real la constituye el hecho de que la interprofesional Intercitrus rechazó hacerse cargo de la gestión del mismo cuando la conselleria le planteó esa opción. El SIG ha pasado ahora a manos de la Fundación Agroalimed a la espera de tiempos mejores.
Desde la propia Conselleria de Agricultura se reconoce que actualmente están estudiando todas las opciones posibles para «sacarle el máximo provecho» al SIG, un sistema cuyo mérito más apreciable hasta el momento, según la conselleria, ha sido el de localizar las zonas de variedades más precoces para poder combatir la mosca de manera más eficaz.
El problema de actualizar los datos
Otro de los problemas al margen del debate en torno a si una inversión de 9 millones de euros por una base datos está debidamente justificada en términos de utilidad real que plantea el inventario citrícola es el de su actualización. La realidad citrícola sobre el campo cambia constantemente y lo hace más rápido todavía en tiempos como los que corren, marcados por las recalificaciones de terreno en los pueblos (los famosos PAI), las ventas de huertos por la presión urbanista y la falta de rentabilidad de los cultivos. Por tanto, el inventario citrícola no puede permanecer como una foto fija e inalterable, sino que necesita actualizarse con frecuencia y eso tiene un coste económico que no baja de los 2,4 millones de euros. La cuestión que se plantea ahora es si realmente merece la pena invertir semejante suma para poner al día los datos del SIG cada año o cada dos años si una vez completada la primera entrega del inventario los expertos de la conselleria estudian aún los posibles usos del censo.
Noticia vista en Levante, el Mercantil Valenciano escrita por Sergio Carbó
Editada por Nosolosig
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