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lunes, 26 de junio de 2006 |
La red de localización del GPS europeo, frenada por desacuerdos contractuales
La prensa británica ironiza sobre el proyecto Galileo, que tiene como gran objetivo crear la primera red GPS europea, comparándolo con la política agrícola común. Y en Bruselas parecen empeñados en dar la razón a los euroescépticos, al poner en circulación la hipótesis de un retraso de hasta dos años. Mientras tanto, Barcelona, candidata junto a Roma va a ser la sede de la agencia europea que supervisará el sistema, espera una decisión en diciembre.
La negociación del contrato de concesión para desplegar y explotar los satélites Galileo se ha atascado. Empieza a hablarse de un retraso sobre los planes originales. En paralelo a esta discusión, prosiguen las maniobras diplomáticas sobre la sede de la agencia europea que vigilará la ejecución del proyecto. Aunque la lista no está cerrada, Barcelona y Roma son las principales candidatas.
Desde diciembre, el satélite Giove A está en órbita y envía señales de prueba; el Giove B será lanzado en otoño. Ha comenzado, pues, la fase de validación que precede a la construcción de los treinta satélites Galileo, destinados a prestar servicios civiles de geolocalización a partir del año 2011. Pocos siguen apostando por esta fecha.
Jacques Barrot, comisario europeo de Transportes, multiplica sus declaraciones tranquilizadoras, pero la negociación del contrato de concesión por veinte años no es competencia de la Comisión, sino de Galileo Joint Undertaking (GjU), entidad creada en común con la Agencia Espacial Europea para pilotar las primeras fases del proyecto, hasta dejarlo en manos de la iniciativa privada. El GjU tiene fecha de caducidad al finalizar este año, pero nadie ha previsto qué se hará si para entonces no se ha firmado el contrato con el consorcio de ocho empresas - dos de ellas españolas- que fabricará y explotará los satélites y sus aplicaciones.
El alemán Rainer Grohe, director ejecutivo de GjU, ha calentado el ambiente con unas declaraciones a la prensa de su país en las que sugiere la posibilidad de alargar los plazos un par de años. Un posible retraso - advierte Grohe- haría perder a la UE su ventaja temporal para competir con Estados Unidos, que prepara una actualización de su propio GPS. Grohe ha sembrado otra inquietud: una parte de los retornos esperados por la industria europea se diluiría porque China, cuya aportación de 200 millones de euros como socio extraeuropeo ha permitido cuadrar las cuentas, ganaría tiempo para desarrollar equipos de recepción, que luego vendería en todo el mundo.
Los futuros concesionarios, que aún tienen pendiente la transformación de su consorcio en empresa, sospechan que Grohe pretende prolongar su empleo más allá del mandato establecido. Según la UE, una vez firmado el contrato, la gestión pasará a una nueva agencia europea, llamada Autoridad de Supervisión (GSA). Pero, cuando ya sólo faltan seis meses, ni siquiera se sabe dónde estará instalada la agencia.
El precedente del desfase de 400 millones de euros entre lo presupuestado y el coste real de las primeras etapas de Galileo, financiadas con fondos públicos, es una mancha sobre la negociación del contrato. Todo el proyecto ha sido concebido para que sirva como modelo de asociación entre capitales públicos y privados, fórmula que por primera vez se aplica a una infraestructura de alcance europeo. Para la siguiente fase, en la que se construirán y pondrán en órbita los satélites, se ha estimado un coste de 3.500 millones de euros, de los que corresponderá a la Unión Europea aportar 1.000 millones. Sin embargo, el presupuesto comunitario para el periodo 2007-2013 sólo ha reservado 900 millones, y esta diferencia ha puesto sobre aviso a las empresas del consorcio, que han de financiar los 2.500 millones restantes.
Según las fuentes consultadas, la negociación se ha empantanado en dos puntos críticos: quién asumirá el riesgo de que alguna de las aplicaciones previstas, pese a estar en condiciones de salir al mercado, se bloquee en virtud de decisiones o indecisiones políticas; y la definición y el monto del canon que el concesionario tendrá que pagar sobre sus ingresos comerciales. Sin estas garantías, las empresas del consorcio tienen dificultades en la negociación con los bancos y compañías aseguradoras.
España, que aporta cerca del 10% de los costes soportados por la UE, ha salido bien recompensada del reparto. Por un lado, las empresas AENA e Hispasat sumarán el 25% del capital de la empresa concesionaria. Por otro, siete compañías agrupadas en Galileo Sistemas y Servicios han conseguido retornos industriales que igualan la contribución financiera realizada. Asimismo, dos de los cinco centros de control que tendrá el sistema se instalarán en las localidades madrileñas de Torrejón de Ardoz y Arganda del Rey.
En el mes de diciembre, el Gobierno espera obtener algo más en la última cumbre de la presidencia finlandesa. La candidatura de Barcelona como sede de la GSA, defendida por la ministra Magdalena Álvarez ante sus colegas en el último consejo europeo, se apoya en el argumento de su proximidad con Toulouse, donde se radicará el concesionario. Pero la candidatura de Roma podría poner en la balanza el peso político que el primer ministro Romano Prodi conserva en Bruselas.
Noticia publicada en lavanguardia.es
Editada por Nosolosig
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