Las bases de datos de direcciones postales, que deben definir y situar en el territorio de manera precisa e inequívoca los nombres oficiales del viario público, ¿se pueden dejar en manos de la iniciativa privada?

Hace unos días un periódico local se hacía eco de una noticia relacionada con el proyecto «Callejero de La Rioja» en el que actualmente estoy involucrado, cuyo objetivo es promover y facilitar a los ayuntamientos de La Rioja la publicación de sus callejeros como dato abierto.

Comentando la noticia, algún lector juzgaba innecesario el trabajo dada la existencia de los navegadores de Google. Aunque el comentario no diferenciaba propiamente el dato, de lo que es una funcionalidad que hace uso del mismo, tengo que decir que no me sorprendió la reacción. Google Maps es una aplicación muy eficaz que todos utilizamos a diario, que algunos ayuntamientos llegan incluso a utilizar como callejero en su página web, concediendo así de alguna manera carta de oficialidad a su contenido.

Frente a estas opiniones, conviene recordar que en España la competencia de determinar el nombre oficial de una calle así como los números de las direcciones asociadas a la misma, recae exclusivamente en los ayuntamientos. Una competencia de la que se derivan principalmente tres obligaciones que cito literalmente:

  • Mantener la correspondiente cartografía o, en su defecto, referencia precisa de las direcciones postales
  • Informar, a todas las administraciones públicas interesadas, de las variaciones que se producen en su callejero
  • Las modificaciones que se pudieran producir en los callejeros, deben ser revisadas por los ayuntamientos al menos una vez al año
Placa del Paseo de la Dirección
De navegadores y direcciones (foto Wikimedia)

 

Pero no nos engañemos, atender estas obligaciones no es sencillo ni barato, ya que requiere aplicaciones informáticas complejas y personal técnico entrenado del que muchos ayuntamientos carecen, especialmente los más pequeños. La consecuencia es clara, basta analizar las páginas web de nuestros ayuntamientos para darse cuenta del solar de información que hay en esta materia, sin llegar a hablar de datos abiertos.

Las consecuencias directas de esta ausencia de información, se traducen en una auténtica ceremonia de confusión respecto al nombre oficial de una calle y su forma de expresarlo, en una falta de normalización que dificulta cualquier tratamiento digital y en incertidumbre acerca de la autoría de la información que se maneja.

Llevado al extremo, pensemos que no disponer de una dirección cierta y precisa puede tener consecuencias dramáticas en una situación de emergencia, sin entrar en analizar las responsabilidades que se pudieran derivar en estos casos por una falta de información o un dato erróneo.

Ante la realidad de la escasa oferta de datos de direcciones puestos por las administraciones locales al alcance de los ciudadanos, las empresas y los usuarios, como se dice coloquialmente, se buscan la vida.

Algunas de estas empresas con importantes recursos, llegan a configurar bases de datos de direcciones extraordinarias sobre las que apoyan servicios muy sofisticados, y cuyos datos de referencia como es natural, no distribuyen. Por medio de estos servicios, localizar una dirección o navegar hasta ella resulta ahora una tarea sencilla para cualquier ciudadano, por la que no tiene que pagar ya que el modelo de negocio está basado precisamente en su utilización.

Esto puede crear la falsa sensación de que en esta materia está todo hecho, aunque una ligera reflexión nos permite comprobar que el dato como tal sigue brillando por su ausencia. Por este motivo es importante estimular y facilitar que los ayuntamientos asuman de forma activa la responsabilidad que la normativa les exige, sin delegar implícitamente esta competencia en el mercado o en otro tipo de organismos.

Para los ciudadanos y empresas usuarias de datos de direcciones, es imprescindible tener la máxima certidumbre acerca de la información que manejan, seguridad jurídica y oficialidad que solo es exigible a las administraciones locales. A nadie más.

Conscientes de esta necesidad, actualmente existen algunos proyectos impulsados principalmente desde las administraciones regionales, dirigidos a estimular la producción ordenada y normalizada de bases de datos de direcciones. Se trata de facilitar a los ayuntamientos herramientas que hagan más fácil la edición, geolocalización y mantenimiento de sus callejeros, así como su publicación.

Por experiencia personal, sé que no es una tarea sencilla. Las urgencias y las necesidades perentorias que impone la gestión municipal, unidas a las carencias de personal propias de la administración local, son un importante enemigo a batir. En este sentido soy de la opinión que la fórmula para alcanzar el éxito en esta empresa es: colaboración, economía y sencillez.

En una sociedad digital, especialmente si hablamos de paradigmas tales como el de las ciudades inteligentes, es necesario contar con bases de datos de direcciones, oficiales, ciertas y geográficamente precisas. Una referencia fundamental para la geolocalización de aquellos datos que incluyen referencias postales, e imprescindible para realizar cualquier tipo de análisis espacial en el ámbito municipal.

Una obligación y un compromiso con sus ciudadanos que las autoridades municipales no pueden ni deben delegar.

Por Gonzalo López García (@gonzalo_lpgc), responsable de IDErioja y miembro fundador de la Asociación ClusterGIS