La video vigilancia se enfrenta a dos importantes retos, la seguridad y la privacidad; aquí se analiza su capacidad de trazabilidad de personas en zonas urbanas.

El desarrollo y proliferación de la teoría de la segurización como paradigma de la seguridad contemporánea contribuyó a la instalación masiva, desproporcionada y fútil de sistemas de video vigilancia (CCTV) que cubrían el espacio público y privado en un intento fallido por garantizar una «seguridad» basada en el principio objetivación de las imágenes grabadas.

Desde entonces, la implementación de estos sistemas ha generado múltiples corrientes antagónicas que pueden quedar agrupadas entre simpatizantes y detractores. Los argumentos de todos ellos, sin prácticamente exclusión alguna, están intrínsecamente vinculados al principio estadístico de la densidad perceptual, a partir del cual determinan el grado de «saturación» aceptable de la vigilancia tecnológica.

La primera brecha empírica surge cuando desde la academia, dicha percepción es utilizada como el motor hipotético inductivo a partir del cual se construye un argumentario que dista de la realidad contrastable, pero que a falta de comprobación in situ, es transversalmente aceptada. Fundamentalmente, porque la densidad, per sé, a pesar de poder ser tratada desde una perspectiva espacial no resuelve ninguna de las dos cuestiones clave que sendas posiciones se afanan por defender: ¿Es la video vigilancia un instrumento eficiente para la seguridad? ¿Es la video vigilancia un instrumento capaz por sí mismo de erradicar nuestra privacidad?

App de seguridad en Madrid
Captura de pantalla de la navegación móvil dentro del Distrito Centro de Madrid con la capa de seguridad superpuesta. Fuente: Samuel Nájera / URBSUR

Capacidad de reconocimiento

El uso de la video vigilancia como mecanismo espacial de trazabilidad se ha desarrollado de forma tardía e inconexa en comparación con otras tecnologías asociadas al campo de la identificación biométrica. Hemos de tener en cuenta que, en la actualidad, la vigilancia digital es la tecnología implementada en la vía pública que presenta mayores retos para ser evadida. Todo aquello que se circunscribe a la esfera de la inteligencia de señales puede ser salteada a conveniencia mediante la adopción de métodos analógicos. Por el contrario, la presencia, eventualmente indiscreta, de CCTV, puede llegar a capturar ese tránsito que bajo determinadas circunstancias lleve a la resolución delictiva. No por ello significa que sea un instrumento infalible. La capacidad de identificación nominal a partir de los sistemas CCTV en la vía pública llega en el mejor de los casos a una ratio de 1 por cada 1.000 (1). A ello hay que sumarle el uso de elementos de distracción para los software de reconocimiento o el empleo máscaras o sucedáneos que muy frecuentemente acarrea la imposibilidad de identificar nominalmente (2) el sujeto (3).    

Desde el inicio de su instalación en la década de 1970 y tras su posterior expansión, los sistemas CCTV fueron considerados como elementos puntuales en una dimensión del espacio plana, eliminando cualquier atisbo de rugosidad del territorio como si esta perteneciese a una realidad paralela.

El 7 de julio del 2005 tuvo lugar un atentado terrorista de corte islamista en el metro de Londres. La prioridad fundamental fue sincronizar las cerca de medio millón de CCTV instaladas en el centro de la ciudad que conformaban parte del denominado «cinturón de acero». Todo ello con el único objetivo de identificar a los sospechosos y trazar su ruta. Una red que necesitó miles de agentes y varias semanas (4) para alcanzar una trazabilidad efectiva. Ocho años más tarde, el 15 de abril del 2013, tras el atentado perpetrado durante el transcurso de la maratón de Boston, el FBI necesitó 3 días (4) para conseguir una imagen parcialmente borrosa de los dos sujetos que, según fuentes federales, no condujo finalmente al arresto de los sospechosos (5).

Dos situaciones en las que, sin lugar a duda, no se escatimaron esfuerzos ni recursos por implementar la máxima trazabilidad posible. Por tanto, ¿tienen realmente esa capacidad de vigilancia que los detractores de la video vigilancia apuntan? Igualmente, debemos cuestionarnos esas «soluciones» infalibles que garantizan la trazabilidad, pero que cuando se las necesita parecen fallar.

Análisis espacial de la video vigilancia

En ese contexto y ante la ausencia (6) de un tratamiento de la temática en España que pudiese dar respuesta a las preguntas previamente formuladas desde una dimensión territorial de la cobertura digital, comienza un proyecto de tesis doctoral que tiene como primer resultado una publicación titulada: Análisis espacial de la video vigilancia como respuesta táctica a los fenómenos del terrorismo y crimen organizado: caso práctico de Madrid en el Instituto Español de Estudios Estratégicos. En ese artículo, de forma pionera, se realiza un censo de todos los sistemas CCTV públicos y privados que enfocan a la vía pública (un total de 1.147) dentro del Distrito Centro de Madrid, para determinar, en caso de necesidad, cuál sería el tiempo estimado de respuesta en alcanzar una trazabilidad positiva.

Ese primer esfuerzo lleva a dos conclusiones:

  1. La cobertura con resolución digital espacial óptima es exponencialmente inferior a la declarada desde el ayuntamiento de Madrid y la Policía Municipal a través de su órgano del CISEM; b) el riesgo para la privacidad es nimio a tenor de la incapacidad, en la mayoría de las condiciones atmosféricas, lumínicas y de densidad de flujo social de generar una identificación biométrica positiva
  2. A pesar de ello fue posible alcanzar ratios de trazabilidad no nominal estimados en 1 hora por cada 24 de grabación mediante el diseño de una red neuronal visual (ANNV) publicada posteriormente en la defensa de la tesis. Un resultado significativamente inferior al requerido durante los atentados previamente citados y que fehacientemente incrementaría nuestra capacidad de respuesta como sociedad ante retos de diversa naturaleza. No obstante, ese resultado teórico tuvo una serie de condicionantes fundamentalmente enmarcados en el desinterés administrativo por evaluar su capacidad real y operativa.

Llegados a ese punto comienza la internacionalización de la investigación empezando por Varsovia (7), Cracovia (8), o Cambridge (9) entre otros. Donde gracias a la accesibilidad pública de los datos de criminalidad ha sido posible correlacionar el comportamiento espacial del delito con las zonas de cobertura positiva y negativa.  

Mapa interactivo en la web que muestra la densidad de CCTV (izquierda) y la cobertura de la vía pública (derecha). Fuente: Samuel Nájera / URBSUR
Mapa interactivo en la web que muestra la densidad de CCTV (izquierda) y la cobertura de la vía pública (derecha). Fuente: Samuel Nájera / URBSUR

URBSUR

Un análisis que ha continuado posteriormente para generar un proyecto denominado URBSUR (Urban Surveillance), cuyo principal misión es transferir el resultado del análisis de geointeligencia de una forma simple, gratuita y universal mediante la generación de capas añadidas a navegadores (10) en dispositivos móviles en aras de aportar a la ciudadanía un instrumento que le permita adecuar sus patrones de conducta espacial en base a criterios de seguridad. Con tal objetivo se ha generado una simplificación de las zonas de cobertura digital lineal en la vía pública usando una graduación visual tipo «semáforo» que favorezca por parte del usuario final la identificación de que zonas representan un riesgo para su eventual seguridad. Una vez expandida la cobertura dentro de las zonas urbanas, se continuará con las zonas rurales o periurbanas, para contribuir a la resolución de una problemática de índole internacional vagamente representada en los medios: las personas desaparecidas. Con ese objetivo se identificará la cobertura pública y privada de la red de carreteras de España en aras de aportar luz sobre un escenario tenebroso que sólo durante el año 2019 dejó a más de 2400 conciudadanos sin rastro (11).

Quizás uno de los grandes retos de esta tipología de proyecto versa en el desinterés por parte de las autoridades españolas desde la administración general del estado, pasando por las autonómicas y municipales. Tras el incesante intento de cooperación, especialmente con las fuerzas y cuerpos de seguridad, ha quedado manifiesta la brecha de cooperación entre la investigación y la administración. No obstante, cabe destacar que este proyecto nace con la predisposición, y así continua haciéndolo, de cooperar con entidades públicas y privadas (empresas, asociaciones e individuos) en aras de contribuir a la mejora de la seguridad ciudadana.

 

Artículo de Samuel Nájera, investigador en Seguridad Internacional y creador de Urbsur, donde se puede encontrar más información

Enlaces relacionados

Te puede interesar

Análisis de un sistema de videovigilancia con herramientas geoinformáticas, un artículo de Andrés Betancourt que ha investigado sobre como optimizar recursos y la eficiencia de la video vigilancia a partir del análisis con herramientas SIG, realidad aumentada y realidad virtual.